Los gobernadores de La Pampa, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero y La Rioja expresaron públicamente su rechazo al proyecto de Reforma Laboral promovido por el Gobierno nacional y convocaron a los distintos bloques legislativos a votar en contra de la iniciativa.
A través de un documento conjunto, los mandatarios provinciales señalaron que consideran necesaria una actualización del marco normativo que regula el mundo del trabajo, en función de los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesa el país. Sin embargo, remarcaron que cualquier modificación debe apuntar a ampliar derechos y brindar mayores garantías frente a un mercado laboral cada vez más inestable, y no a reducir protecciones conquistadas.
En el comunicado, cuestionaron que la propuesta oficial, presentada bajo el concepto de “modernización”, implicaría —según su análisis— un debilitamiento de derechos individuales y colectivos en un contexto económico complejo. Sostuvieron que la actual política económica ha generado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo, y advirtieron que, en ese escenario, la reforma no solucionaría los problemas estructurales del empleo, sino que podría profundizarlos.
Los gobernadores aclararon que no se oponen a toda reforma laboral, sino específicamente al paquete de cambios en debate. Indicaron que una modernización genuina, de acuerdo con lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, debería orientarse a fortalecer derechos, promover la formalización y consolidar el diálogo social. A su entender, la iniciativa actual avanza en sentido contrario.
También pusieron en duda que la reforma pueda generar nuevos puestos de trabajo. Recordaron experiencias previas de flexibilización laboral y afirmaron que este tipo de medidas no necesariamente impulsan el empleo formal, sino que pueden facilitar despidos, reducir estándares de protección y trasladar mayores riesgos a los trabajadores. Manifestaron además preocupación por posibles mecanismos que habiliten reducciones salariales o restricciones de derechos en situaciones de enfermedad.
Críticas por su impacto federal
En otro tramo del pronunciamiento, los mandatarios calificaron la propuesta como “antifederal”, al considerar que sus efectos recaerán de manera directa sobre las economías regionales sin contemplar las particularidades productivas de cada provincia ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales. En un país con organización federal, sostuvieron, las transformaciones estructurales deben construirse con consensos amplios y respeto por la diversidad territorial.
Asimismo, plantearon que la elevada informalidad laboral en la Argentina no se resuelve mediante la reducción de derechos, sino a través de políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización y una estrategia económica que promueva la producción y el empleo de calidad.
En el tramo final del documento, los gobernadores reiteraron su rechazo tanto a la reforma como a la orientación económica que la acompaña. Convocaron a las fuerzas políticas a defender el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas y afirmaron que la modernización debe estar orientada a ampliar derechos y fortalecer el trabajo formal, en el marco del diálogo democrático y el respeto institucional.
EL COMUNICADO COMPLETO: Los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa manifestamos nuestro pleno rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional y llamamos a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de esta iniciativa.
Estamos convencidos de la necesidad de encarar reformas y transformaciones en los marcos normativos que regulan el mundo del trabajo. La legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesan nuestras sociedades. Sin embargo, ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable.
La propuesta oficial —presentada como “modernización”— debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral. Se impulsa, además, en el marco de una política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización. En este escenario, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava.
No nos oponemos, como sostienen los supuestos “modernizadores”, a todo cambio. Nos oponemos a ESTE paquete de cambios, que nada tiene de moderno sino que simplemente consolida la desprotección. La Organización Internacional del Trabajo ha establecido lineamientos claros sobre lo que implica una modernización laboral auténtica, basada en más derechos, mayor formalización y diálogo social. La iniciativa en debate avanza en sentido contrario: no moderniza, precariza.
Sostienen que el proyecto ayudará a crear empleo. Los argumentos que invoca no se condicen con la evidencia. Tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización laboral, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización; por el contrario, facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores. Resulta especialmente preocupante que se legalicen mecanismos que habilitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad, entre otros retrocesos.
Asimismo, se trata de una reforma profundamente antifederal. Sus efectos impactarán de manera directa sobre las ya golpeadas economías regionales y las provincias productivas, sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales. En un país federal, las transformaciones estructurales requieren consensos amplios y respeto por la diversidad territorial.
La informalidad laboral, problema central de la Argentina, no se resuelve recortando derechos a quienes los tienen. Se aborda mediante políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización, innovación normativa y una estrategia económica que promueva la producción, el mercado interno y la generación de empleo de calidad.
Desde que llegó el actual gobierno, su plan económico pulverizó 21 mil empresas y casi 300 mil puestos de trabajo, con los niveles más bajos de utilización de la capacidad instalada y, por primera vez, inversión extranjera negativa. Para crear trabajo, en un mundo hoy proteccionista, hace falta emprender políticas federales de desarrollo e industrialización.
Por todo lo expuesto, reiteramos nuestro rechazo a la reforma laboral del gobierno nacional y a la orientación económica que la sustenta. Convocamos a todas las fuerzas políticas a defender un activo central de la sociedad argentina: el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas con el aporte de distintos espacios políticos y actores sociales.
La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección. El futuro se construye asegurando derechos, progreso y desarrollo.
Ese es el camino que proponemos y que estamos dispuestos a debatir en el marco del diálogo democrático y el respeto institucional.